Palo Altico, agroindustria y despojo territorial en Colombia 

Por Manuel Ortiz Escámez

Bogotá. Tanto defensores de derechos humanos como editoriales de periódicos en diversos  puntos del planeta, han celebrado la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyas negociaciones han tenido como sede La Habana. Y no es para menos. Una larga trayectoria de conflictos armados hacen que Colombia sea, según la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazados (CODHES), el segundo país con mayor número de desplazados internos en el mundo.

Sin embargo, desde algunas de las comunidades rurales más pobres y golpeadas por la violencia en Colombia, como es el caso Palo Altico, tanto habitantes como especialistas advierten que dichos acuerdos de paz, si bien son necesarios, no necesariamente implican la solución para los graves problemas ocasionados por la violencia en su región.

Vista aérea de Palo Altico. El pueblo ha quedado rodeado por plantaciones de palma africana, propiedad de terratenientes, cuya custodia sigue estando a cargo de paramilitares. Foto Manuel Ortiz Escámez

Sofía del Pilar, campesina y representante de víctimas de desplazamiento forzado en Palo Altico, afirma que “aquí todas las personas somos desplazadas”. El pequeño y apartado pueblo, carente de agua potable, drenaje y pavimento en las calles, se localiza en uno de los epicentros del paramilitarismo colombiano, el municipio de María la Baja, en el Departamento de Bolívar, al norte del país.
 

Maximiliano Manjarrez, habitante de Palo Altico, relata que antes del año 2000 la comunidad vivía en paz, tenía agua limpia proveniente de dos pozos, así como suficientes alimentos cultivados por ellos mismos. Del Pilar coincide: “La comunidad tenía fincas de plátano, tenía un modo de vida sin tecnología, pero se vivía bien, se vivía de lo que se cultivaba, con costumbres y saberes ancestrales, la gente se sentía tranquila en su lugar de habitad”.
 

Sin embargo, Del Pilar cuenta que durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002-2010), varios grupos de paramilitares se asentaron con uso de violencia extrema en Palo Altico.

Campesinos en Palo Altico. Foto Manuel Ortiz Escámez

Manjarrez recuerda: “Una vez estábamos nosotros almorzando y llegó una muchacha diciendo que los paramilitares venían cortando cabezas. Entonces la gente salió huyendo, dejó la comida, las casas solas… porque cuando ellos llegaban era para hacer desastres”.
 

El campesino Julio Santander también vivió esa época. Sostiene que cuando los paramilitares entraron al pueblo asesinaron a muchas personas. “Los que pudieron remataron sus tierras y sus animales a terratenientes; otros simplemente abandonaron todo”.
 

Otros habitantes relatan que aquellos que intentaron resistir y quedarse en Palo Altico, fueron masacrados.

Cantadora y campesina Ceferina Banquez, de regreso en su finca de María la Baja después de haber sido desplazada. Foto Manuel Ortiz Escámez

La especialista en desplazamiento de CODHES, Paola Hurtado, sostiene que en el marco de la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas en Colombia, el trabajo conjunto entre paramilitares y militares  fue una práctica sistemática que condujo a la desaparición, asesinato y desplazamiento forzado de millones de personas  durante el gobierno de Uribe.
 

Tal contexto de despojo territorial, afirma Hurtado, fue aprovechado por compañías extractivitas en varias partes del país. Palo Altico es un claro ejemplo. Luego de que los pobladores se salieran de su comunidad para proteger su vida y la de su familia, un grupo de terratenientes, custodiados por los mismos paramilitares, se apoderaron de las tierras y plantaron grandes extensiones de palma africana con el fin de obtener aceite en cantidades industriales.

Muchos de los desplazados campesinos afrocolombianos de María la Baja se trasladan a ciudades como Cartagena y trabajan como peones en el Mercado San Basurto. Algunos duermen en la calle. Foto Manuel Ortiz Escámez

Posteriormente, en los últimos años del gobierno de Uribe, cuando los habitantes de Palo Altico regresaron a su territorio, se encontraron con un panorama desolador: los pozos de agua que antes eran públicos, ahora son privados y no se le permite a la población hacer uso del vital líquido; debido a que el pueblo está rodeado de plantaciones de palma africana, los campesinos no tienen tierra para cultivar, lo que genera escasez de alimentos.
 

Aunado, la población no cuenta con drenaje, no hay clínica y se encuentra expuesta todo el tiempo a las grandes cantidades de químicos utilizados como fertilizantes y pesticidas en los cultivos de palma.

Pobladora desplazada de Palo Altico. Foto Manuel Ortiz Escámez

Amparo Mejía, fundadora de Madres de la Candelaria, una reconocida organización de madres de desaparecidos en Colombia, considera que los acuerdos de paz, si bien son positivos, no significan un verdadero proceso de paz para el país.  “Colombia vive una aparente calma. Sabemos que los sectores armados están ahí, que el conflicto sigue latente, que a la gente la siguen desapareciendo, que los paramilitares no entregaron las tierras…”.

“Yo no sé cómo encajar en los acuerdos de paz. Mientras persista la impunidad y injusticia social, mientras los campesinos no recuperen sus tierras, Colombia no tendrá paz”, concluye del Pilar.